La Franquicia Tributaria para Capacitación (Ley N° 19.518) es un pilar fundamental para la empleabilidad, la productividad y el desarrollo del capital humano en Chile. Su eliminación —propuesta en el actual contexto fiscal— no solo dejaría sin herramientas a miles de empresas y trabajadores, sino que profundizaría las brechas de competencias y afectaría la competitividad del país. A continuación, se presentan las principales justificaciones técnicas y de impacto social para mantener y fortalecer este beneficio.
A pesar de ciertas críticas, la evidencia demuestra que el incentivo aumenta significativamente la probabilidad de que las empresas capaciten a sus trabajadores. La evaluación de la Dirección de Presupuestos (DIPRES) 2025 confirma que la franquicia “mueve la aguja” donde debe hacerlo: más trabajadores acceden a formación financiada.
La formación pertinente, bien orientada, tiene un efecto directo y comprobado en la productividad de las empresas. Diversos estudios sectoriales y líderes gremiales coinciden: la capacitación continua agrega valor a las compañías y eleva la competitividad del país.
El consenso técnico no es que el instrumento sea malo, sino que su diseño debe ser modernizado para corregir ineficiencias y su sesgo regresivo (datos oficiales indican que el 88% de los capacitados pertenece a grandes empresas). Eliminarlo sería una “solución rudimentaria” que abandona una herramienta vital en la era de la revolución tecnológica.
“La respuesta correcta no es eliminar, sino avanzar hacia un modelo más exigente que financie resultados medibles: efectiva inserción laboral, aumento de productividad y certificación de competencias”.
Una reforma inteligente podría orientar los recursos hacia la reconversión laboral y la formación para empleos del futuro, corrigiendo la desigualdad en el acceso.
Eliminar la principal política de capacitación sin una estrategia alternativa sólida es una apuesta extremadamente riesgosa para el mercado laboral chileno.
El gobierno justifica la eliminación por un ahorro fiscal estimado en US$300 millones anuales. Sin embargo, esta justificación omite un dato central: el mismo proyecto que elimina la franquicia reduce drásticamente los impuestos a las grandes empresas, llevándolos del 27% al 23%, lo que le costará al Estado US$1.350 millones anuales solo para 2028.
La Franquicia Tributaria para Capacitación ha demostrado ser una herramienta indispensable, aunque perfectible. Su eliminación provocaría un retroceso en la empleabilidad, la productividad y la capacidad de innovación de Chile. La vía correcta es una reforma profunda y modernizadora que corrija sus sesgos, la vincule a resultados tangibles y la adapte a los desafíos del siglo XXI. Mantenerla y mejorarla es una decisión de país, no un gasto fiscal.